ILÍCITA EXPLOTACIÓN DE MUJERES
Los avances científicos hacen importantes aportaciones para la población en general, pero con frecuencia la sociedad no va a la par en su aceptación y en su regulación.
Un ejemplo es la llamada maternidad subrogada.
Los adelantos en el campo de la fertilización permiten en la actualidad a toda mujer cuyo estado físico o médico le impide ser madre, la posibilidad de concebir en un vientre “prestado”.
Esta práctica se extiende cada vez más en el mundo, pero de manera lenta. En México solo dos entidades la han regulado: Sinaloa y Tabasco.
Otras dos, San Luis Potosí y Querétaro, por el contrario, la prohíben de manera expresa en sus leyes.
¿Cuál es la evaluación de su puesta en marcha? Un trabajo del área de Periodismo de Investigación que hoy presenta EL UNIVERSAL revela un escenario que no es el óptimo: no se siguieron todos los procesos legales.
En primer lugar, en el caso presentado, la madre contratada enfrenta el desamparo de la autoridad. La parte contratante hace valer su capacidad económica e impone todo tipo de condiciones. La madre que ofreció su vientre tenía 22 años cuando firmó el contrato, aunque la edad mínima, de acuerdo con la legislación de Sinaloa, es de 25. A eso se añadió que llevaron a la joven a Guadalajara a realizarle la trasferencia de óvulos fecundados en una clínica privada, a pesar de que la práctica no está regulada en Jalisco. Además le colocaron dos embriones, sin haberle preguntado si estaba de acuerdo.
Las voces que piden erradicar esta práctica señalan que se pone en riesgo la salud de las mujeres y que es necesario que quienes rentan sus vientres tengan derecho a un trabajo digno. También exigen que se respete el derecho de los niños a no ser comercializados.
Por el contrario, desde el gobierno federal se impulsa una iniciativa para reformar la Ley General de Salud e incluir la figura de reproducción humana asistida, debido a las tasas de infertilidad y al derecho a formar una familia.
Las posiciones pueden conciliarse si en la ley se adoptan candados para evitar una eventual explotación de mujeres con fines de reproducción. El riesgo es enorme, pues la vulnerabilidad económica de millones de mujeres las puede llevar a considerar la renta de su vientre como un “trabajo”.
En conclusión, no se trata solo de aprobar leyes, sino de que se cumplan para que no se registren abusos contra mujeres en situación de precariedad. En esta parte la autoridad no debe eludir su responsabilidad.
