PANDEMIA Y DESIGUALDADES
Brutal riesgo por ser periodista y defensor. La crisis reflejó grandes dificultades en la labor informativa; en 2020 fueron asesinados 6 periodistas y 24 activistas. Las condiciones de inseguridad y los riesgos que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos. En México se agravaron a causa del Covid-19, destaca un informe de organizaciones nacionales e internacionales especialistas en la materia.
El documento Situación de la defensa de los derechos humanos y la libre expresión: En México a partir de la pandemia por Covid-19 reveló que en 2020 fueron asesinados, por lo menos, 6 periodistas y 24 defensores de derechos humanos. Además de 6 homicidios de comunicadores, hubo 112 agresiones contra las prensas en coberturas relacionadas con el virus. En el caso de los periodistas, la emergencia sanitaria ha reflejado las crisis económica, social y política que agudizan las situaciones estructurales de la labor periodística en México.
Respecto a defensores de derechos humanos, el año anterior hubo 17 asesinatos de activistas del medio ambiente y 7 de mujeres que protegían las garantías de las mexicanas. De igual forma 266 mujeres defensoras sufrieron agresiones entre enero y junio de 2020, las reiteradas fueron calumnias, señalamientos, campañas de desprestigio, intimidación, hostigamiento psicológico, amenazas y restricción a la libertad de expresión, así como criminalización. La pandemia ha profundizado las desigualdades y vulnerabilidades en las que se encuentra este grupo de defensa. Además de las agresiones letales, se han registrado amenazas y campañas de desprestigio. Otros grupos que han quedado en vulnerabilidad, según el informe, son los defensores de personas migrantes y activistas por los derechos de LGBTTTI.
Frente AL panorama que enfrentan periodistas y defensores, las ONG recomendaron al gobierno fortalecer económicamente el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, además de mejorar la coordinación de las dependencias que forman parte de éste. Si bien el mecanismo creado en 2012 ha servido para proteger la vida de estas personas a raíz del impulso y el trabajo realizado por organizaciones civiles, aún persisten retos importantes que se agravan en el contexto actual.
Pablo Gómez Tarso
