La muerte cuando es prevenible, y más aún evitable, constituye un escándalo ético: en sentido estricto, ese escenario implica que estamos dejando morir personas que no deben morir. Desde esa perspectiva, resulta paradójico, que en México no hayamos sido capaces aún demostrar con la suficiente fuerza la magnitud del escándalo.

Ya no tenemos excusa. Si hay una prioridad para este 2022 es proteger la vida y la salud de las personas a toda costa. No hay margen para continuar permitiendo que las defunciones, por todas las causa prevenibles y evitables, continúen con las misma o con similares tendencias respecto de lo ocurrido en los últimos dos años.

Proteger la vida y garantizar la vida en dignidad para todas y todos, es una responsabilidad ineludible para el estado mexicano. Porque más allá de la visión particular que tiene el titular del Ejecutivo Federal respecto de cómo se debe vivir, y la exigencia de un “anhelo de pobreza franciscana” para todas y todos, lo cierto es que esa visión es radicalmente opuesta a la que está plasmada en nuestra Constitución Política, la cual  nos reconoce las y los mexicanos una vida sustentada en los derechos humanos, y la protección de la dignidad de cada uno de los seres humanos que habitamos o que se encuentran en territorio nacional.

Se ha mostrado a través de varios documentos y diagnósticos que lograr lo anterior requiere, en primer lugar, de muchos más recursos. Pero también es importante puntualizar que además se trata de una cuestión de diseño de gobierno y de las instituciones de seguridad y protección social. Así mismo es urgente otra arquitectura institucional, dirigida a disponer de un potente Estado de bienestar que nos permita superar de la mejor manera posible la crisis por la que atravesamos, y que tiene dimensiones civilizatorias, y que al mismo tiempo nos prepare para un futuro complejo que enfrentará quizá peores pesadillas derivadas del cambio climático y la extinción masiva de especies.

A este gobierno le quedan solo 140 semanas al frente de la administración, y hasta ahora no se tiene una hoja de ruta pública y clara, en torno a que metas y objetivos se van a conseguir en cada una de ellas en los ámbitos más relevantes: seguridad pública, salud de calidad y universal, educación universal, oportuna y de calidad, y empleos dignos para todas y todos. El tiempo es breve y los retos son inmensos.

Pablo Gómez Tarso