CAMPAÑA DE DIFAMACIÓN IMPERDONABLE
POR FAVOR HAZLO QUE CIRCULE PA VARIAR UNA INJUSTICIA MAS PARA LOS NUESTROS QUE NO SE PUEDEN DEFENDER Y ESTO ES A CAUSA DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD DE NUESTRO QUERIDO GOBIERNO
Queridos amigos y hermanos todos, quiero informarles de lo que está sucediendo en Creel, Chihuahua con una de las personas más bondadosas y guerreras que hemos conocido, la cual ha entregado su vida a la causa de los indígenas dentro y fuera del país.
Javier es una persona santa, un misionero incansable, sobreviviente de la matanza de Creel hace unos años, premiado y reconocido por muchas instituciones humanitarias, y el cual ahora está siendo difamado y con una orden de aprehensión en contra suya y de dos sacerdotes más.
Por lo cual te suplicamos difundas esta noticia a través de internet, y que lo apoyes escribiendo al gobernador Duarte de Chihuahua para que no se siga difamando a un hombre que lo único que ha hecho es vivir y luchar por nuestros olvidados indígenas.
Anexamos documento de uno de sus reconocimientos donde tuvimos el honor de estar presentes para que se informen mejor acerca de este gran hombre.
Con todo nuestro amor, Laura Elena y Adolfo Amescua
Amenazan y difaman a jesuitas defensores de rarámuris
LA REDACCIÓN
18 DE FEBRERO DE 2015
ESTADOS
MÉXICO, D.F. (apro).- En una carta dirigida al gobierno de Chihuahua, organizaciones de derechos humanos manifestaron su preocupación por la integridad y seguridad del sacerdote jesuita Javier Ávila, presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, AC (COSYDDHAC), quien es objeto de una campaña de difamación en la prensa local, que pone en riesgo su vida.
Ávila es un sacerdote con más de 30 años de labor en la Sierra Tarahumara, ha ganado reconocimientos internacionales por su trabajo como defensor de las comunidades indígenas, y desde 2008 ha acompañado a las víctimas de la masacre de Creel. Además, por las amenazas que ha recibido, tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un comunicado, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (REDTDT) manifestó que como consecuencia del trabajo de Ávila con otras organizaciones defensoras de los derechos de las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, sufre una campaña de difamación en su contra.
Estos acosos se dan a partir del conflicto por la construcción del Aeropuerto Internacional en la turística ciudad de Creel y el gasoducto El Encino-Topolobampo, ya que ejidatarios de San Ignacio Repechique e indígenas de la región se opusieron a dichos megaproyectos y se ampararon en la ley, debido a que no hubo una consulta previa como lo dictamina el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas.
A partir de ese amparo la prensa local empezó a hostigar al sacerdote jesuita y a las organizaciones serranas que acompañan a los rarámuris en ese proceso.
En noviembre de 2014, según el comunicado, El Heraldo de Chihuahua publicó notas con afirmaciones inexactas, y en de enero de este año el periódico El Mexicano informó de una supuesta demanda penal en contra de Ávila y las organizaciones.
La RedTDT señaló que esa campaña pone en riesgo la vida e integridad de los defensores y forma parte de la criminalización de la defensa de las comunidades rarámuris. Por lo mismo, exigieron al gobernador César Duarte que aclare los hechos ante los medios de comunicación y que, en caso de ser cierta la presentación de la denuncia penal, sea retirada de inmediato.
“Señor gobernador, tenemos conocimiento que usted ha sido informado a detalle de todo el proceso que se ha llevado adelante en el tema de la consulta a los pueblos indígenas y la doble problemática del aeropuerto de Creel y la instalación del gasoducto, asuntos que han propiciado dichas agresiones. También contamos con la información de que usted aclararía ante los medios de comunicación las inexactitudes y la falsedad de las afirmaciones en las notas periodísticas, lo que a la fecha no ha sucedido”, dice la carta pública.
Por lo menos 341 comunidades indígenas que se concentran en 25 centros tradicionales se verían afectadas por la construcción del gasoducto que pasa por cuatro municipios (Carichí, Bocoyna, Guazapares y Maguarichi), abarca 500 kilómetros de largo por cinco de ancho y, de acuerdo con la Consultoría Técnica Comunitaria, se planea que quede terminado en 2016, mientras que la pista y la construcción del Aeropuerto Creel ya están listos, sólo falta el mobiliario.