JAMÁS EL BIENESTAR DE UNOS POR ENCIMA DE OTROS
Los megaproyectos son, sin duda, uno de los grandes motores económicos para la nación. Su construcción, diseño e implementación impactan directamente en la creación de empleos y redundan en derrama económica. Sin embargo, el progreso a costa de violentar el derecho de los individuos es simplemente inaceptable.
EL UNIVERSAL publicó (5-XI-16)un reportaje en el cual se documentan 80 agresiones a comunidades indígenas —cometidas entre 2014 y 2016— relacionadas con megaproyectos de infraestructura. La situación se torna aun más grave pues muchas de estas acciones gubernamentales o privadas devienen en arrestos y encarcelamientos injustificados a miembros de las comunidades.
El problema dista mucho de ser sencillo, pues nos encontramos ante dos cosmovisiones ampliamente radicales: de un lado las comunidades indígenas se caracterizan por su fuerte apego a tradiciones relacionadas con el suelo donde habitan y, debido a ello también, un respeto a las áreas naturales; las empresas y los gobiernos estatales, por su parte, buscan aprovechar al máximo los territorios a su disposición para el desarrollo de los centros urbanos.
El diálogo informado es la única vía de conciliación ante conflictos de esta naturaleza. No se puede aceptar sin más que en pos de un mejor futuro se acabe con espacios y recursos que pertenecen, legal y simbólicamente, a otros miles de mexicanos. No hay que desestimar la posibilidad de encontrar acuerdos incluso cuando se habla con personas con referentes de valores totalmente diferentes.
Es precisamente el prejuicio —cuando no la evidente discriminación— lo que lleva a constructores y gobiernos a atropellar a quienes consideran seres indignos de un trato humano. Es esa actitud la que tiene también en peligro de extinción a varias lenguas de origen prehispánico.
No olvidemos: la Constitución recalca el carácter multicultural de nuestro país; las comunidades indígenas son parte de ese legado. En pos del progreso no se justifica el atropellamiento de comunidades enteras.
Con la implementación de la reforma energética debe gestarse también una planeación de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente. Estos tres órganos reguladores de los nuevos proyectos de explotación tienen la encomienda, más allá de sus atribuciones formales, de elaborar un plan que considere escenarios de negociación con las comunidades indígenas.
No se debe priorizar el bienestar de unos por encima de otros. Todos los mexicanos tienen ese derecho.