VELO DE DUDAS
La nueva ley del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) considera como sujetos obligados a los legisladores de todas las bancadas representadas en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Este paso fue visto por la sociedad como un avance en materia de transparencia y rendición de cuentas, ya que el Poder Legislativo ha sido, desde siempre, una zona opaca del manejo de recursos públicos. La desconfianza se la han ganado a pulso.
Se la ganaron por reportes publicados, en el sentido de que las 35 comisiones especiales de la Cámara de Diputados incumplen con la obligación de presentar un informe semestral de actividades y gastos, a pesar de que costaron al menos 59 millones de pesos entre septiembre de 2012 y agosto de 2014.
Los diputados quedan peor parados cuando por una solicitud paralela de información a la Unidad de Transparencia de la Cámara baja nos damos cuenta que algunos de los gastos de estas comisiones especiales son a cuenta de restaurantes de lujo, en horas fuera de los laborales y en ciudades turísticas.
Nadie se opone al necesario trabajo de contrapeso que el Poder Legislativo ha de ejercer respecto del Ejecutivo y el Judicial, pero el hecho de que no suela rendir cuenta de sus gastos y que los pocos que logran obtenerse revelen este tipo de facturaciones poco claras hace que se confirme la razón por la que el Congreso aparece siempre en el fondo de los sondeos de aprobación, a la par de la policía y los partidos políticos.
Cada comisión especial supone la investigación y seguimiento de casos particularmente sensibles para la sociedad. Por eso levanta sospecha que los gastos de las mismas parezcan ser poco congruentes con el propósito para el que fueron creadas.
Por supuesto, el velo de duda que se levanta en torno de este tipo de gastos ha de ser disipado por explicaciones claras de los legisladores, sobe la naturaleza de cada trabajo, lo que no es frecuente que suceda. Por eso es importante que su nueva condición de sujetos obligados los lleve a transparentar cada peso que gasten, como sí tienen qué hacerlo los demás poderes de la Unión, muchas veces azuzados con vehemencia por los legisladores, que exigen la claridad en el gasto que ellos mismos no están dispuestos a ofrecer.