LOS DERECHOS HUMANOS SON PARA LAS RATAS
Alguna vez dijo el entonces candidato a gobernador por el Estado de México, Arturo Montiel: “Los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas”, en referencia a las garantías de debido proceso que se ofrecen a los sospechosos de cometer delitos. La frase no era una ocurrencia, sino un efectivo guiño al sentir de una parte de la sociedad para la cual los derechos son sólo un obstáculo en el camino de “hacer justicia”. Aunque el priísta se disculpó después, hasta la fecha muchos aún creen en la verdad de esa oración.
La propia ciudadanía descubrió luego, con horror, que no siempre los detenidos y los asesinados eran criminales, pese a que el gobierno de Vicente Fox decía que la alta tasa de homicidios era un buen indicativo de que se estaba ganando la lucha contra el crimen, y pese a que después el entonces presidente Felipe Calderón dijera que 90% de los asesinados en dichas circunstancias eran delincuentes.
Hoy todos saben luego de varios escándalos y duras lecciones de inocentes confundidos con criminales que defender derechos humanos no es un privilegio de países de primer mundo. No son argucias propias de abogados mañosos en busca de liberar pillos. Son la garantía que todos debemos tener para no ser aplastados por quien posee la fuerza para hacerlo.
Las tragedias de Tlatlaya e Iguala mostraron lo importante de los derechos humanos. Sin ellos, ni siquiera habría delitos que perseguir cuando soldados o policías deciden usar arbitrariamente la fuerza que la ley les confiere.
Por eso importa mucho que los gobiernos creen y actualicen los instrumentos de protección a los derechos humanos.
En el marco de esa exigencia social, el presidente Enrique Peña Nieto anunció cinco acciones para proteger los derechos humanos, entre ellas: actualizar el marco jurídico en los rubros de tortura y desaparición forzada; el cambio en los protocolos y procedimientos con que actúan las fuerzas de seguridad federales; la adopción de prácticas de estándar internacional para garantizar investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales; la reparación integral del daño a las víctimas y mecanismos para evaluar los resultados de estas medidas en coordinación con la CNDH y con organizaciones de la sociedad civil.
No será sencillo porque las policías, procuradurías y juzgados mexicanos han actuado por décadas sin importarles los derechos de las personas. Hay escuelas de Derecho que ni siquiera tienen planes de estudios actualizados con la reforma penal que, desde 2008, busca otorgar esas garantías.
La tarea de la población en este proceso será vigilar el cumplimiento de las acciones. Sólo exigiéndolas todos los días será posible demoler el viejo Estado autoritario.